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Al Partido del Pueblo en su 84 aniversario.

Izquierda a Debate

1. Las verdades del profesor Jované.

2. NO SE DETENDRAN.


Panamá libre y soberana.
Comunicado Emplazatorio al Gobierno Nacional. 11/04/2014
Comunicado de la SPMG a sus bases.
El palacio de las ilusiones en el país de los arcoíris. Parte II. 10/04/2014
El socialismo es el presente y el futuro.
¿De qué renovación se trata? 05/04/2014
Por la construccion de un estado de democracia nacional.
Salud a mi partido. 03/04/2014
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¿CÓMO EXPLICAR ESTO? 31/03/2014
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Democracia nacional
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Contextualizando la visión local. 22/03/2014
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Para los candidatos a presidente, nuestra propuesta reivindicativa. 20/03/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIANZA ESTRATEGICA NACIONAL

Comunicado Emplazatorio al Gobierno Nacional.

Por: Orientación y Lucha. 11 de abril del 2014.

Jované Presidente

En calidad de ciudadanos pertenecientes a una expresión importante de nuestra diversidad cultural nacional, nos permitimos expresar con indignación y carácter emplazatorio lo siguiente:

Instamos a las autoridades judiciales a responder como corresponde la acción ciudadana instaurada en el año 2011 contra la Resolución de ANAM que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de Barro Blanco, donde nunca fue a consulta pública el proyecto, cuando la Ley Comarcal así lo exige.

Cabe recordar que la adenda al Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco tampoco fue sometida a consulta, incurriendo una vez más en una violación a la Ley Comarcal y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Las afectaciones derivadas de la ejecución de este proyecto son de distinto orden: el impacto negativo en la ecología del río Tabasará, la extinción de especies y la abierta vulneración a los derechos de los Pueblos Originarios.

El pueblo Ngäbe exige la suspensión definitiva del Proyecto, ya que desde sus inicios, no se cumplió con lo establecido en el Acuerdo de San Lorenzo, que estableció el fortalecimiento del Régimen Especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la Comarca Ngäbe Bugle para evitar poner en riesgo los recursos naturales de las comarcas y del sector campesino que está amenazado por la construcción de hidroeléctricas en Rio Cobre, Rio ‘San Pablo, Río Santa María en la Provincia de Veraguas; Rio Changuinola en la Provincia de Bocas del Toro; un sin número de Ríos en la Provincia de Chiriquí y el Rio Grande en la Provincia de Coclé.

En julio de 2010 se producen los incidentes contra la Ley Chorizo que establecía, entre otras cosas, el atentado contra la estabilidad laboral y el derecho a la sindicalización. Por tanto los trabajadores y la comunidad, en defensa de sus derechos, se organizan para protestar y el gobierno los reprime violentamente, dejando un saldo de nueve (9) muertos, y más de 700 heridos y lisiados.

A raíz de estos enfrentamientos se firmó un Acuerdo de Suspensión de Huelga donde el Gobierno se comprometió a reparar los daños físicos, materiales, morales y psicológicos causados a las víctimas y sus familiares. Este Acuerdo no ha sido cumplido, a la fecha de hoy.

En las protestas contra la minería e hidroeléctricas de febrero de 2011 y 2012, ocurridos en San Félix, Viguí, Horconcitos, Volcán y La Loma, donde los Pueblos Originarios de la Comarca Ngäbe Bugle, exigen sus derechos legales y constitucionales, fueron reprimidos por este régimen, trayendo como consecuencia muertos, desaparecidos, heridos y violaciones carnales a mujeres, estudiantes y niñas.

Por el acuerdo de San Lorenzo 1, firmado el 7 de febrero de 2012, se suspenden las protestas con compromisos del gobierno, que no han sido cumplidos en su gran mayoría.

En razón de la Ley 72 donde se establece la venta de las Tierras de Zona Libre y Colón, el pueblo colonense se levanta en protestas en las calles a sus justas demandas. El Régimen de Ricardo Martinelli Berrocal reaccionó utilizando los elementos militares de la Fuerza Pública que sitiaron la Ciudad de Colón y terminaron en una brutal represión, dejando como consecuencia muertos, heridos, lisiados y torturados dentro de las cárceles a los detenidos.

Debido a la presión del pueblo colonense en las calles, la Ley 72 fue derogada y seguidamente, el Gobierno Nacional llamó a una mesa de diálogo en el que se acuerda atender médicamente a los afectados, compensarlos económicamente y crear una Comisión de investigación para conocer a los responsables por los fallecimientos y demás violaciones a los derechos humanos, los cuales, este régimen, tampoco ha cumplido.

Después de haber transcurrido tres largos años de la masacre en el Centro de Cumplimiento en la capital, el 9 de enero de 2011, en que cinco jóvenes panameños fueron convertidos en antorchas humanas y otros terminaron gravemente heridos, víctimas de la represión de la policía y de la Directora de dicho Centro, el expediente judicial correspondiente parece engavetado por la inacción del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Hasta el presente no han sido resueltos los escritos de prueba de las partes y mucho menos fijado la fecha para la celebración de la audiencia.

En consecuencia solicitamos a la Magistrada María Lourdes Estrada, resolver conforme a derecho y basada en el principio de la aplicación de pronta y debida justicia, los escritos de prueba presentados por las partes y fijar la fecha de la audiencia.

Exigimos castigo a los responsables los responsables de esos crímenes. En junio del 2013 la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), hizo una advertencia internacional, de no usar heparina sódica con alcohol bencílico a neonatos, por sus efectos letales comprobados.

Una investigación en la Caja del Seguro Social provocada por la muerte concadenada de neonatos, arrojó como resultado la confirmación de que se habla aplicado heparina sódica con alcohol bencílico a los neonatos. El Director de Neonatología de la Caja de Seguro Social, entonces impartió instrucciones para retirar la alimentación parenteral.

Producto de este envenenamiento murieron nueve niños y hay cuatro sobrevivientes con graves afectaciones. Demandamos una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades y llevar a juicio a los responsables. Y exigimos indemnizar por daños y perjuicios a aquellas familias afectadas así como atención inmediata y comprobada a los cuatro sobrevivientes.

El Movimiento Magisterial demanda el respeto a la dignidad de los docentes, el acondicionamiento de todos los Centros Educativos del País, hoy desprovistos en buena parte de servicios básicos sanitarios. El 44% de los Centro Educativos no tiene agua potable, el 33% no tiene luz eléctrica, el 70% de las escuelas primarias son multigrados y se ha incrementado los Centros de Educación Básica General (lo que antes era Primer Ciclo a Centros Multigrados), donde es evidente la carencia de bibliotecas, abanicos y fuentes de agua que impiden una educación de calidad.

La Dirigencia Magisterial demanda un ajuste salarial cónsono con el incremento del costo de la vida.

El sector de los Gremios Médicos, ha visto en este quinquenio como el Gobierno en sector salud ha intentado pisotear los derechos y libertades gremiales, se destituyen ilegalmente médicos cuyo causal sólo es la edad, empeorando la fecha de citas con médicos a la población tanto en la capital como en el interior; hemos visto como se ha deshumanizado el trato a los pacientes y trabajadores del sector salud, a los cuales se les obliga a dar y recibir servicios sin insumos, reactivos, medicinas y placas o prótesis, pero si llenos de computadoras y televisores.

Nadie se fija en el deterioro de la vida de nuestros jubilados, mientras se han inflado presupuesto de construcciones con megaobras como hospitales sin contar con el personal ni el. presupuesto para funcionar, tratando deliberadamente de justificar la traída masiva de extranjeros sin control de calidad de formación, pero a la vez abandonando a la desidia a los hospitales y centros ya existentes. se trata de culpar a los médicos de los errores administrativos y el descuido de la prevención, que pueden generar crisis y muertos como en los casos de neonatos, KPC, Clostridium, así como el repunte en tasas de tuberculosis, sida, brucelosis, hanta virus y dengue.

Exigimos que se pare esta represión a los trabajadores del sector salud, se nos de con que trabajar y atender a tiempo a nuestro pueblo y que se valore nuestro trabajo con mejores salarios y no privatizando ni llenando de extranjeros. Reparamos y equipemos nuestras instalaciones en ‘especial las del interior de la república y áreas apartadas. Humanicemos la atención de la CSS y el MINSA a sus trabajadores y a la población, junto a mejoras a nuestros jubilados.

Exigimos, al actual y futuro Gobierno Nacional, el fiel cumplimiento de todos los Tratados Internacionales en materia de ‘Derechos Humanos y los acuerdos pactados con diferentes sectores y organizaciones del País, así como la atención inmediata en los casos judiciales pendientes por resolver, citados en el presente comunicado.

En razón de todo lo anterior, demandamos al Gobierno Nacional la solución de los asuntos arriba planteados, para lo cual esperaremos su respuesta a más tardar el día 23 de abril del presente año.

En caso de no recibirse respuesta, anunciamos la realización de jornadas nacional de protestas, a partir del 24 de abril de 2014. Hacemos un llamado a todos los gremios, organizaciones y personalidades que se unan a las tareas en defensa de los Derechos Humanos, el respeto, la justicia y la paz.

Panamá, 10 de abril de 2014.


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