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CARTA ABIERTA DEL MIREN, A LOS DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA.

Por: Orientación y Lucha. 5 de marzo del 2015.

Oligarquía vene patria.SEÑORES DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL E.S.D.:

Quienes suscribimos, miembros de la Coordinación Nacional del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN), por este medio concurrimos ante la Asamblea Nacional, a fin de solicitarle el RECHAZO del acuerdo judicial suscrito entre el magistrado imputado Alejandro Moncada Luna y el diputado Fiscal de la causa, Pedro Miguel González, por ser un acuerdo a todas luces banal y que implica un premio a la corrupción, dejando un sinsabor en la población panameña, de que la corrupción si paga.

Le hemos dado seguimiento a este caso de interés público, y debemos decir que hasta el momento del acuerdo Moncada- González, el Fiscal de la causa y las juezas de garantías, venían realizando una labor transparente y correcta, especialmente el fiscal, que ha hecho un trabajo de investigación o instrucción del sumario muy bueno, sin embargo, nos sorprende que haya llegado a un acuerdo judicial, que obvia dos de los delitos imputados y que uno de estos delitos, sea precisamente el de corrupción de funcionario público.

Es cierto que con el nuevo Proceso Penal Acusatorio, el imputado puede llegar a Acuerdos con el Ministerio Público, tal cual lo establece el artículo 220 del Código Procesal Penal, sin embargo, no es menos cierto que dicho acuerdo puede y debe ser negado, cuando en el mismo existan indicios de corrupción o banalidad y además, es el pleno de la Asamblea Nacional, quien puede y debe sancionar a un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no tres diputadas que hoy son las Juezas de Garantías, como bien lo precisa el artículo 480 del Código Procesal Penal en concordancia con los artículos 476 y 479 del mismo código.

En consecuencia expondremos las dos razones fundamentales por las cuales el Acuerdo Moncada-González debe ser rechazado por las juezas de garantías, a saber:

PRIMERA RAZON:
DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES GRAVES QUE DEMUESTRAN QUE EXISTEN INDICIOS DE CORRUPCION O BANALIDAD EN EL ACUERDO.

El acuerdo MONCADA-GONZALEZ, consiste en que el imputado acepta dos de los cargos(los delitos de Falsedad de documentos públicos y Enriquecimiento injustificado), y acuerdan una pena de sesenta (60) mese de prisión como pena principal y las penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo y de comiso de dos apartamentos y que este acuerdo, hace tránsito a cosa juzgada y debe ser sometido a la aprobación de las juezas de garantías.

Dicho acuerdo se hace en base a lo normado en el numeral 1 del artículo 220 del Código Procesal Penal, que indica:
“El imputado y el Ministerio Público podrán realizar acuerdos relacionados con:
1. la aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, o parte de ellos, así como la pena a imponer.”
En el caso que nos ocupa este acuerdo tiene graves deficiencias e irregularidades que lo hacen ser sospechoso de existir en el mismo, indicios de corrupción y además, es a todas luces, banal, veamos:

PRIMERO: Brillan por su ausencia en este acuerdo los otros dos delitos imputados al magistrado, nos referimos a los delitos de Corrupción de Funcionario Público y de Blanqueo de capitales.
Si bien es cierto que el numeral 1 del artículo 220 del Código Procesal Penal permite un acuerdo que implique la aceptación del imputado de parte de los hechos de la imputación o acusación, esto no debe interpretarse que en los hechos no aceptados, la causa queda cerrada.
El Fiscal en el acuerdo, debió consignar que el imputado solo acepta dos de los hechos de la acusación y que en cuanto a éstos, se llega al siguiente acuerdo y que en cuanto a los hechos no aceptados, se continúa con el proceso de acusación.

Pero el fiscal, de forma extraña, obvia olímpicamente estos dos hechos delictivos imputados y al poner en el acuerdo que este hace tránsito a cosa juzgada, nos da a entender que el proceso termina allí y que el magistrado es inocente de los delitos de Corrupción y de Blanqueo de Capitales.
Si el Fiscal desestimó los cargos de Corrupción y de Blanqueo de Capitales, debió consignar eso en el acuerdo y justificar porqué.

SEGUNDO: Se llega a un acuerdo en cuanto a la pena a imponer, pero se hace de forma global y sin explicación alguna, cuando la pena se individualiza por cada delito y se suma para hacer el total y luego se aplican las atenuantes o agravantes del mismo, para dar con la pena final, como ocurre en toda sentencia penal y esto no se ha consignado en el acuerdo.
Aquí no se ha dicho a cuanto se le condena por cada delito y como se llega a establecer una pena de 60 meses de prisión cuando ambos delitos suman 10 años mínimos y 20 años máximo de prisión.
El Fiscal debe consignar en el acuerdo, si por el hecho de aceptar los cargos antes de la acusación el imputado tiene derecho a la rebaja de pena y cual rebaja aplicó, si fue la mitad de la pena o la sexta parte, para el caso de declararse culpable, esto debe estar consignado en el acuerdo.

TERCERO: Con esta pena de 5 años acordada, se le amarra las manos a las juezas de garantías, para aumentar las pena a cordada, pero pueden disminuirla, porque conforme al artículo 220 del Código Procesal Penal, ellas no pueden imponer una pena mayor a la acordada y ni inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el delito, por lo que si aplicamos el mínimo de las penas de ambos delitos, es decir, 10 años de prisión, la tercera parte son 3 años y 4 meses ( 40 mese de prisión) y esta pena es conmutable.
En consecuencia Moncada Luna no pagaría prisión y con el beneplácito del Fiscal y las Juezas de garantías pagaría una multa y además, gozaría los más de 4 millones d dólares que fueron incautados en cuentas bancarias relacionadas con el caso.

CUARTO. En este acuerdo existen fuertes indicios de corrupción y banalidad, por las razones expuestas en los puntos anteriores y porque no se puede aceptar este acuerdo que premia a un delincuente de semejante monta, aquí se ha premiado a un delincuente que ha aceptado que cometió dos delitos, el de enriquecimiento injustificado y el de falsedad de documento público, pero no es cualquier persona, se trata de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que incluso llego a ser presidente de este órgano del Estado, que tenía pleno conocimiento de los delitos que estaba cometiendo, que abuso de su condición de magistrado y administrador de justicia.
Aquí están en juego bienes protegidos como la administración pública y la fe pública y se pretende darle una pena irrisoria, cuando no existe ninguna atenuante que le favorezca, por el contrario, hay todas las agravantes.

Por supuesto que hay banalidad en este acuerdo, porque trata el asunto muy superficialmente, como si se tratara de algo de poca importancia para el país.
Basta ver el significado de BANALIDAD, que precisa “que se trata de algo de naturaleza insignificante o superficial, que es intrascendente o de poca importancia”, para darnos cuenta como el Fiscal valora esta situación al llegar a semejante acuerdo.

Con este acuerdo se premia la corrupción y se pretende obviar que hubo actos de corrupción por parte del magistrado Moncada Luna y negar el delito de Blanqueo de capitales, para luego liberar las cuentas bancarias por más de 4 millones de dólares.

Esos son indicios claros de un acuerdo corrupto y además banal, por tal razón las juezas de garantías deben negar este acuerdo en base a lo normado en el penúltimo párrafo del artículo 220 del Código Procesal Penal que textualmente indica:
“ Realizado el acuerdo, el Fiscal deberá presentarlo ante el Juez de Garantías, quién únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad “ .

SEGUNDA RAZON:

EN EL CASO DE QUE LAS JUEZAS DE GARANTÍAS APROBARAN EL ACUERDO Y DICTARAN LA SENTENCIA ESTARÍAN USURPANDO FUNCIONES DEL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL QUE ES A QUIEN LE CORRESPONDE INDIVIDUALIZAR LA PENAL CONTRA EL MAGISTRADO:

PRIMERO: Es cierto que es el juez de garantías el que aprueba o niega el acuerdo presentado por el Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 220 del Código Procesal Penal, pero estamos ante un Proceso Especial, que se encuentra regulado en este mismo Código Procesal Penal, en su Título VIIº (PROCEDIMIENTO ESPECIALES), Capítulo Iº (JUICIOS PENALES ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL), Sección 2ª (PROCESOS CONTRA LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA), que en su artículo 480 establece lo siguiente:

“LA INDIVIDUALIZACION DE LA PENA DICTADA CONTRA UN MAGISTRADO: Para la individualización de la pena en las causas penales seguidas contra un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se observarán las disposiciones del Código Penal.
Esta Decisión será acordada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional”

SEGUNDO: El artículo 479 del Código Procesal Penal indica cual es el procedimiento a seguir al juzgar a un Magistrado veamos:

“Artículo 479. PROCEDIMIENTO. Las denuncias o querellas que se presenten contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el juzgamiento a que haya lugar en la Asamblea Nacional se someterán al procedimiento previsto en la sección anterior”

Como Observamos nos remite a aplicar el procedimiento establecido en la Sección 1ª del proceso seguido en la Asamblea Nacional al Presidente de la República, que contiene los artículos 467 a 477 del Código Procesal Penal.

TERCERO: El artículo 476 del Código Procesal Penal indica lo siguiente:

“Artículo 476. SENTENCIA. De ser encontrado culpable el imputado, se dictará la sentencia dentro de los diez días siguientes, que será firmada por el Presidente y el Secretario General de la Asamblea Nacional”

CUARTO: Como se observa en estos tres artículos del Código Procesal Penal, las Juezas de garantías no tienen la última palabra, no pueden ellas dictar la sentencia ni individualizar la pena, porque esto le corresponde al Pleno de la Asamblea.

Lo más que podría hacer las juezas de garantía sería en el peor de los casos de aprobar el acuerdo, someterlo al Pleno de la Comisión permanente y esta a su vez al Plena de la Asamblea Nacional, para que entonces sea acordada la decisión por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.

De dictar una sentencia en base a este acuerdo corrupto y banal, y darle tránsito a cosa juzgada, por parte de las juezas de garantías, las mismas estarían usurpando funciones del Pleno de la Asamblea y cometiendo el delito de usurpación de funciones, con la agravante que todo esto propiciaría la nulidad del proceso.

SOLICITUD:

Por todas las razones expuestas, solicitamos a los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional, lo siguiente:

1- Que las Diputadas Juezas de Garantías NIEGUEN el acuerdo MONCADA – GONZALEZ, por que en el mismo existen fuerte indicios de corrupción y banalidad, actuando conforme lo establecido en el artículo 220 del Código Procesal Penal.

2- De aprobarse cualquier acuerdo entre el Imputado Moncada Luna y el Fiscal González, distinto al presentado hasta ahora y que no tenga indicios de corrupción y banalidad, como conocido públicamente, le solicitamos a las juezas de garantías que procedan conforme lo establecido en los artículos 476, 479 y 480 del Código Procesal Penal, a fin de que no se vicie el proceso.

3- Solicitamos al resto de los diputados que garanticen que se cumpla con lo normado en los artículos 476, 479 y 480 del Código Procesal Penal.

Panamá, miércoles 4 de marzo de 2015.

ATENTAMENTE,

Los Miembros de La Coordinadora Nacional del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN)


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